Las notificaciones en papel asediadas por internet.
El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha puesto sobre la mesa su grave preocupación por la situación de Correos.
La viabilidad de Correos pende de un hilo. Como ha venido a explicar CC.OO., de haberse llevado a cabo la Ley de la Factura Electrónica en todos sus términos, se habrían suprimido quizá la mitad de los 15 millones de envíos al día que maneja correos, sobre todo cartas de tipo comercial enviadas por entidades bancarias y “utilities”. Compañías telefónicas, eléctricas, de agua, ayuntamientos, ministerios… En fin, un sin número de entidades que todos los días envían millones de efectos periódicamente, sean recibos de telefonía, de facturas eléctricas, etc.
Teniendo en cuenta que esos envíos (las cartas) son el 90% de los ingresos de Correos, está claro que una caída en picado de los efectos en papel significaría su ruina. A no ser que se articulase alguna otra vía de recepción oficial que favoreciese a Correos. Pero como se ha demostrado con el burofax, cualquier servicio nuevo en envío masivo de correspondencia de forma electrónica sería vulnerable a una competencia grande y de nuevos operadores.
No es de extrañar la preocupación de CC.OO., que siempre ha liderado una especie de gobierno paralelo en el gran vacío de gestión y de poder que ha sufrido el ente Correos en los últimos 25 años (salvo honrosas excepciones).
Como bien a las claras demuestra la reacción de CC.OO. al enmendar, a través de la Ley de Derechos de los Consumidores, que los usuarios tuviesen derecho a seguir recibiendo las facturas y las comunicaciones en papel, salvo deseo expreso contrario, Correos se juega muchísimo en este envite. Aunque con toda seguridad un movimiento de este calibre de supresión de las comunicaciones en papel atendería a algún movimiento de carácter europeo que afectaría a todos los correos, no cabe duda de que el peligro esta ahí.
Tarde o temprano, por cuestiones de eficiencia energética y medioambiental, el papel se tendrá que ir arrinconando. Podría ser que alguna medida progresista de algún gobierno avanzado sentencie las comunicaciones en papel más pronto que tarde.
En esa tesitura, algunos correos más que otros iban a sufrir de forma contundente. Aquellos que no tengan una cuota relevante de sus ingresos en otros sectores fuera de la carta tradicional iban a tener un grave riesgo de entrar en importantes pérdidas. El correo español se hallaría ante una difícil situación, al igual que otros, de acelerarse este proceso en pro de las comunicaciones electrónicas y en el ámbito de la facturación.
La tecnología y la utilización masiva del correo electrónico, incluso bajo modalidades seguras y de confirmación de recepción, está ya al alcance de la mano y suprimiría millones de toneladas de papel, de residuos y de consumo energético en su distribución. No sería extraño, por tanto, que se acelerase el cambio con la factura electrónica. Y que de caer de un 7 a un 10% el negocio de la carta tradicional, viésemos caídas del 20% anual y acelerándose.
En esta tesitura, CC. OO. advierte del serio peligro. Bien es verdad que es también en el contexto de la negociación de un convenio colectivo en el que el sindicato quiere sacar una parte. Sin embargo, no es menos cierto que disponiendo de buena información ha ido a poner el dedo en la llaga.
El plan estratégico de Correos puesto en marcha por uno de sus presidentes más capaces de las últimas tres décadas podría caer en la paradoja de fracasar en el ultimo estirón, y de no ver al correo español traspasar los umbrales necesarios de rentabilidad.
Tendrían que ponerse entonces en marcha mecanismos paliativos por el Estado, que al fin y al cabo significarían dinero de los contribuyentes, para hacer la transición de un Correos con 55.000 personas a otro que igual necesitase la mitad de efectivos, ya que se distribuirían la mitad de efectos postales a medio plazo.
CC.OO. advierte de ello, y también de las serias consecuencias de la denuncia ante Bruselas, sobre la que lanza interrogantes acerca de quiénes la han puesto, y a quiénes beneficia, preguntándose por qué el Gobierno no hace nada al respecto.
CC.OO., oficiosamente, dice que la denuncia ante Bruselas está bien armada y que comporta un riesgo considerable. Es decir, que una sentencia como las que ya ha habido del Tribunal de Luxemburgo en contra del “céntimo sanitario”, el sistema de “tax lease”, o la que también se espera sobre la “estiba” en el sector del transporte marítimo, podría dar la puntilla a la viabilidad del correo español lanzándolo a una dinámica de necesaria profunda reestructuración.
Coincidirían en ese momento, por tanto, los objetivos de los que han puesto la denuncia ante Bruselas y los que según CC.OO. pretenden una rápida privatización del correo español. Fruto de su caída fuera de rentabilidad y su necesaria reestructuración al ver, tanto disminuidos sus ingresos como aumentados sus gastos, al equipararlos cualquier sentencia a la de los operadores privados. Aspectos como la Seguridad Social de más de la mitad de la plantilla de Correos que son funcionarios, el IVA cargado o el impuesto de sociedades podrían añadir cuantiosos gastos a una mermada cuenta de resultados.
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