La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que continúa la investigación en el mercado de la distribución de vehículos de motor, ha iniciado una nueva de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la fabricación de vehículos de motor en el territorio español.
A tal efecto, se han llevado a cabo inspecciones simultáneas en varias empresas del sector, explica la CNC en un comunicado, los días 23, 24 y 25 de julio.
Los inspectores de la Comisión Nacional de la Competencia han visitado las sedes de varias empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos de motor, bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en este sector, consistentes en acuerdos de fijación, de forma directa o indirecta, de precios y condiciones comerciales y de servicio.
Estas inspecciones son continuación de las realizadas los días 4, 5 y 6 de junio en las sedes de varias empresas y asociaciones del sector de la distribución de vehículos de motor en España.
Además, en estas inspecciones de los pasados 23, 24 y 25 de julio se han investigado también los posibles acuerdos de intercambio de información comercialmente sensible y estratégica en dicho mercado entre empresas fabricantes de vehículos en España, contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia.
Inspectores de las autoridades de competencia autonómicas correspondientes a localidades donde se ubican algunas de las empresas inspeccionadas han colaborado en la ejecución de las mismas, a solicitud de la Dirección de Investigación de la CNC.
Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas, aclara la CNC.
En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de los expedientes correspondientes, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Estas conductas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
La investigación de los cárteles supone una de las prioridades de actuación de la CNC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores, recuerda la Comisión.
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