Se procederá a la venta total de su patrimonio valorado inicialmente en 126 millones 
Transcurridos varios meses desde que la Administración Concursal de Transportes Ochoa acordara la suspensión de la actividad de la empresa por considerar que no existían posibilidades de viabilidad que garantizaran a futuro no sólo la propia existencia de la empresa, sino también el pago a los acreedores, la situación del Procedimiento se encuentra en estos momentos en Fase de Liquidación.
En concreto, la propia Administración Concursal procedió el pasado mes de febrero a solicitar la apertura de la Fase de Liquidación, siendo ésta acordada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza en el que asimismo se solicitaba a la Administración Concursal la presentación de un Plan de Liquidación.
La apertura de la fase de liquidación ocasiona la completa y absoluta cesación en la actividad de Transportes Ochoa y la solicitud de un ERE de extinción de la totalidad de la plantilla que había venido manteniendo, así como proceder a la venta del conjunto de bienes y derechos de la masa activa de Transportes Ochoa existente a fecha actual de conformidad con el Plan de Liquidación propuesto por la Administración Concursal.
En este sentido, la Administración Concursal ha realizado una valoración de los bienes y derechos de Transportes Ochoa que asciende a un total de 126.361.895,21 €, si bien la propia Administración manifiesta que con casi total seguridad, el valor que pueda obtenerse de la venta del patrimonio, estará muy por debajo de esta valoración, pues ésta se efectuó teniendo presente el valor de los bienes y derechos en su momento, no en la actual situación y coyuntura económica.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que son diversos los acreedores con privilegio especial, siendo además el importe de su crédito muy elevado. En concreto, gran parte de los bienes inmuebles están sujetos a garantía hipotecaria a favor de diversas entidades bancarias, de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, por lo que al respecto del resto de acreedores (esto es, entre otros los transportistas afectados) sólo cobrarán su deuda si quedara saldo suficientes después de pagar a los acreedores privilegiados.
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