En una resolución en el debate de la nación el gobierno se ha comprometido a poner en marcha un nuevo sistema.
El sistema de gestión de los fondos de formación nacido en 1993 está a punto de ser abierto a la libre competencia tras los escándalos descubiertos tanto en UGT Andalucía como en distintas patronales. Habrá que ver si el ministerio de Fomento hace lo propio para impedir el cobro de comisiones en los cursos de formación. Por las denuncias de Gonzalo Sanz el presidente de las empresas de paquetería está claro que el sistema de ayudas a la formación del ministerio de Fomento es parecido al del Ministerio de Trabajo.
Si en el Ministerio de Trabajo, en la CEIM, se han detectado incluso perseguido por la policía y los tribunales el cobro de comisiones en las ayudas a la formación, el ministerio de fomento debería hacer lo mismo para impedirlo. Poco más de una semana ha tardado el mismo presidente del gobierno Mariano Rajoy en desmentir a Joaquín del Moral, el director general de transportes terrestres. Del Moral había asegurado a la prensa que estaban muy seguros de su sistema de ayudas a la formación y que iban a continuar con él.
En una resolución en el debate de la nación el gobierno se ha comprometido a poner en marcha un nuevo sistema. Según publica el diario El Mundo, el Gobierno pretende que los cursos sean impartidos por los centros homologados más adecuados en un proceso competitivo generalizado. Mariano Rajoy llegó a decir en el debate del estado de la nación que a estas alturas nadie tiene duda que el sistema tras tres décadas no funciona. Al parecer ya se han iniciado conversaciones entre patronales y sindicatos para abrir a la libre competencia los cursos de formación . Hay propuestas revolucionarias como la de Juan Rosell, el presidente del CEOE, para implantar algo parecido a un cheque formación, que serviría a las empresas para poder acudir a recibir cursos allí donde considerasen necesario. Según publica el diario El Mundo, las empresas aportan a la formación un 0,6% de las cuotas a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores destinan el 0,1%. “Es incomprensible que ese 0,6% que pagan los empresarios lo gestionen otros”, ha declarado Rosell.
El diario El Mundo señala que fuentes próximas a la negociación resaltan que una de las dificultades para alcanzar un acuerdo es la petición sindical de ayuda financiera para desmontar estructuras. Durante años tanto UGT como CCOO han creado una red de centros y personal para impartir los cursos que, en no pocos casos, tendrán muy difícil seguir prestando servicio en un nuevo sistema basado en la libre competencia.
Está claro que el problema de las ayudas a la formación en el transporte es la falta de competencia, sólo pueden optar a ellas las asociaciones del comité. Falta además transparencia para conocer quienes han asistido a cada curso y es el principal obstáculo denunciado por otras asociaciones para que no se malverse el dinero público.
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