La ministra de Fomento empezó bien gestionando una buena herencia recibida y está tomando decisiones equivocadas.
Por Los Fareros, colectivo de opinión.
La decisión de rebajar las tasas portuarias y los costes a los concesionarios está en tela de juicio por el propio Gobierno y Hacienda, que no cree justificado ni eficiente las rebajas que se están proponiendo.
En primer lugar, la rebaja en los costes que supone extender el plazo concesional de 35 a 50 años, 15 años más, ha chocado con la juridicidad de la misma. Es decir, Hacienda le ve peros jurídicos a una propuesta que ve innecesaria y precipitada.
El enfado de los terminalistas a los que se había prometido esta medida es soberano. Algunos ya la habían descontado como realizada y preparado sus balances y cuentas de resultados con este beneficioso impacto sobre las amortizaciones y el fondo de reversión, lo cual les permitía acceder a la financiación bancaria en mejores condiciones, ya que al extender este fondo 15 años más, se reducía el impacto de las amortizaciones o reversiones en la cuenta de resultados y mejoraba instantáneamente los resultados y el balance.
En contraposición, técnicos de algunos puertos argumentan que esta rebaja de tasas y a los terminalistas solo van a beneficiar a grandes empresas y multinacionales que lo llevarán a sus cuentas de resultados, mermadas por la crisis y que no parece que tenga un impacto inmediato en el aumento del tráfico portuario. Por ejemplo a petroleras, graneleras, etc..
Diversas voces en el ámbito portuario han hablado esta medida. La misma presidenta del puerto de Gijón ha dicho que esta medida algunos la consideran dudosa por que no se vayan a transmitir las reducciones a los usuarios finales, pero ha dicho que en su caso, donde hay empresas grandes con poder de negociación, estas bajadas se repercutirán en las grandes industrias. Hablando claramente de Arcelor, que importa millones de toneladas de mineral de hierro y carbón.
La rebaja de tasas, en el gravamen sobre el suelo y la ampliación de concesiones va a mejorar las cuentas de resultados de los grandes. Cuando son grandes cargadores, como las petroleras (Repsol), las siderúrgicas (Arcelor), o los granos, con su poder de negociación, podrán lograr que se les traspasen estas reducciones. Como bien ha aportado la presidente del puerto de Gijón, en el caso de grandes terminales, estas podrán rápidamente asumir estas reducciones, la cuestión es que sus clientes puede que no se vean beneficiados por ello.
Salvo en el caso de grandes navieras que, conocedoras de estas rebajas, aumenten la presión sobre las terminales, para llevarse parte de estas rebajas.
Además el paso de un contenedor que es la mercancía mas sensible al precio ya que no está tan automatizado como un granel es caro, unos 950 euros según el diario Expansión, e intervienen muchos factores como el simple posicionamiento en el PIF pueden ser 100 euros.
Por tanto, no está nada claro que en el mundo portuario estas rebajas de esta forma realizadas se traduzcan en mejoras del tráfico marítimo. Los diversos técnicos creen que sólo una articulación legal muy fina, y por subsectores podrá lograr que este esfuerzo del Estado en renunciar a importantes ingresos se traslade a una mejora del tráfico portuario, y por tanto, de la economía.
Por Los Fareros, colectivo de opinión, formado por personas de diversa ideología del mundo marítimo portuario preocupadas por la transparencia de la administración de Fomento y por la corrupción política e ideológica.
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