Aunque se trata de una medida destinada a evitar los numerosos accidentes en esa carretera, las asociaciones de transportistas la rechazan, por el alto coste que supondrá para los conductores, obligados a utilizar la AP-7, con un coste de 40 euros por el trayecto de ida y vuelta, según el diario La Razón A partir del día 19 de abril, el tráfico de camiones que transcurren entre Vidreres y La Jonquera (80 kilómetros de distancia) quedará restringido. Una polémica medida derivada de los accidentes provocados por camiones en la zona, como el del pasado 23 de marzo, cuando un hombre fue atropellado por un camión en la N-II a su paso por Capmany, o el trágico accidente de Báscara, un municipio que no ha parado de protestar después de que una vecina fuera embestida dentro del pueblo. No obstante, la obligación no satisface a conductores ni asociaciones de transportistas.
Más de 3.000 camiones circulan a diario por el trayecto afectado, donde a partir de la entrada en vigor de la medida, no podrán entrar camiones de cuatro o más ejes, excepto aquellos que transporten mercancías con origen o destino en las comarcas anexas a esta carretera nacional. La opción para estos vehículos es circular por la autopista de peaje AP-7, obligando a los transportistas y sus empresas a pagar 40 euros adicionales por cada viaje de ida y vuelta.
Para aliviar a los transportistas del pago de estas tasas, entre la Generalitat, Fomento y Abertis han negociado unas bonificaciones que, probablemente, vayan del 25 al 50%. Santi Vla, conseller de Territorio, ha explicado que esta medida supondrá para las arcas de la Generalitat un coste de un millón de euros aproximadamente, para una obra, la de la N-II, que ya estaba anunciada desde 1993.
Muchos otros son los que se oponen a la restricción de la circulación de los camiones, que se extiende a las 24h del día durante todo el año. Por ejemplo, el presidente de Asetrans Gerona, César Palacios, culpa a las administraciones de la situación, mientras que la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (FENADISMER) pretende estudiar medidas jurídicas ante la medida, que consideran perjudicial para el sector, por impedir la circulación en una carretera tan importante y estratégica. Los empresarios de la Federación de Hostelería de las comarcas de Girona también se oponen a la restricción, pues creen que muchos comercios, hoteles o restaurantes se verán negativamente afectados por esta solución, en la que consideras que han primado las quejas vecinales.
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