El CNTC se opone de plano a los megacamiones, y al cambio de pesos y dimensiones.
Se escama con la indefinición de la DGT.
El consenso inicial de permitir los megacamiones, con permisos individuales se ha roto. La falta de tacto de la directora general de tráfico, María Seguí, su actitud prepotente ha colmado el vaso. El proyecto de normativa no ha gustado; y menos que le diese 10 días al Comité Nacional de Transporte, que reune a las asociaciones para informar, cuando el plazo que fija la LOTT para contestar es de un mes. Todo esto ha hecho que se ponga en cuestión que se den los permisos para carga divisible, algo ya conocido.
El Comité ha reestrenado su nueva unidad tras el céntimo sanitario y ha emitido un solo comunicado conjunto, la DGT y Fomento se han quedado solos y la CETM donde Borja de Prado de Acotral-Mercadona, defienden su uso, como Astic donde hace lo propio Juan Jesús Sánchez, no han podido influenciar la decisión; dividida como esta la CETM por la supuesta renovación de la cúpula y la retirada de Montero.
La redacción que le ha dado la DGT es para escamar y se ha pasado en indefinición aunque ya era conocido y así había informado este medio que los megacamiones se iban a permitir con liberalidad y automaticamente, aunque hubiese que someter a autorización cada itinerario.
Las asociaciones de transportistas rechazan el proyecto de Tráfico de modificación de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte.
A continuación se transcribe literalmente el texto de la nota elaborada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera
Las asociaciones que componen el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, han analizado el Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre, habiendo acordado informar negativamente al citado texto por las razones siguientes:
Dentro de un plazo de 10 días, como el que nos ha sido otorgado, no estamos en disposición de entrar en pormenores técnicos acerca de la validez del texto propuesto, con los que quizás la oposición de este Comité sería aún mayor. Pero para dejar breve constancia de nuestro punto de vista, manifestamos:
1º.- Una modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte por carretera, del alcance que se pretende, debe hacerse con criterios de rigor técnico y de seguridad jurídica, atributos de los que adolece completamente el texto que informamos.
2º.- Los presupuestos que se prevén para las nuevas dimensiones de los vehículos de transporte por carretera, son tan imprecisos y genéricos, que admiten todo tipo de interpretaciones, algunas de ellas alarmantes.
3º.- Se desconoce el encaje legal de las autorizaciones que ampararán la circulación de los megatrailers, considerando que el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos sólo contempla el otorgamiento de autorizaciones especiales para cargas indivisibles. Tampoco se conoce cuál va a ser la categoría a la que se va a asignar este tipo de vehículos, a efectos del otorgamiento de tal autorización. Consecuentemente, la inseguridad jurídica no puede ser mayor.
4º.- Resulta altamente preocupante que al tiempo que se destacan los importantes beneficios económicos, que esta reforma va a suponer para los “diversos sectores del empresariado” que reclaman esta medida, no se haga sin embargo, mención alguna a estudios técnicos realizados acerca de su incidencia en la seguridad vial.
5º.- No existe una normativa europea que regule de manera homogénea y coherente, los pesos y dimensiones de los vehículos, que es lo que este sector lleva años reclamando a la Administración que promueva ante las instituciones europeas. Por eso no podemos compartir la referencia que el texto del proyecto hace a los estudios de la Comisión Europea, cuando éstos no tienen ningún tipo de traducción normativa.
Por último, este Comité, consciente de las enormes presiones que sobre el Gobierno están realizando determinados sectores de empresas cargadoras, que anteponen su interés económico a cualquier otra consideración- incluido el más elemental sentido común- no puede menos que estar abierto a debatir con la serenidad que la medida requiere, todas estas cuestiones. Pero todo, desde luego, bajo criterios de rigor técnico, seguridad jurídica, y un ordenado funcionamiento del mercado de transporte.
Caso de no atenderse a la opinión del sector, no puede pretenderse que asuma la responsabilidad que la medida comporta, tal y como contempla el texto que informamos. Debiendo ser el Gobierno y los “diversos sectores del empresariado”, cuyos intereses atiende, quienes asuman la total y absoluta responsabilidad de las consecuencias de introducir tal modificación.
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