La promesa de extender las concesiones encuentra la oposición frontal de Hacienda. El ministerio de Hacienda vigila desde hace tiempo los beneficios, tesorería y resultados de Puertos del Estado y discrepa de la política de reducir impuestos en un momento en que él se los sube a los ciudadanos, y se lleva toda la impopularidad. La ampliación de las concesiones a los actuales concesionarios es la gota que ha colmado su paciencia.
La ministra prometió publicamente en marzo a los grandes concesionarios de terminales en España, como Hutchison en Barcelona, que aliviaría sus cuentas de resultados, bajándoles las tasas, reduciéndoles el canon por uso del suelo y extendiendo hasta 50 años el plazo de sus concesiones.
Esto favorecería tremendamente a las cuentas de resultados de aquellos concesionarios que habiendo hecho importantes inversiones tuviesen que amortizarlas en vez de en 35 años, en 50.
Sin embargo, esta promesa va camino de incumplirse porque Hacienda y la Dirección General de Patrimonio se han negado en redondo a dar este beneficio a los actuales concesionarios. Podría darse estos beneficios a nuevos concesionarios, pero no a los actuales argumenta. La negativa de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda ha sido sencillamente rotunda y según fuentes de Puertos del Estado “no ven esta modificación”. Simple y sencillamente ven que es un beneficio concesional que no está justificado, ven que son pocos años de crisis en concesiones de tantos años.
El problema es muy serio porque detiene esa parte del “rescate de las terminales” que se esperaba completar incluyéndola en alguna ley de acompañamiento antes de final de año para que pudiese entrar en vigor.
El problema es doble porque si se llevase a cabo esa ampliación de los plazos concesionales para los nuevos, el problema sería para los antiguos que verían como los nuevos concesionarios podrían diluir sus amortizaciones en muchos más años.
El problema es muy grande porque los terminalistas que han hecho grandes inversiones en maquinaria automática se encontrarían con que fruto de la crisis las estarían amortizando en 35 años frente a otros que la podrían hacer en 50. Se haga como se haga surgen problemas, o es Hacienda o son los intereses de terceros.
El problema es de difícil resolución ya que no se puede hacer grandes diferencias entre unos concesionarios y otros, por ejemplo, Noatum en Marítima Valenciana con un periodo distinto de concesión, podría extender su periodo concesional 15 años justificándolo con la inversión que ha realizado en estos momentos, y sin embargo, Best la terminal de Hutchison recientemente construida y automática, podría no hacerlo dependiendo de los pliegos concesionales que se hicieron en su momento, o como mínimo tendrìa que esperar mas tiempo y no podría aplicar de forma instantánea en sus cuentas mayores plazos de amortización que las mejorasen contablemente.
Hay una honda preocupación en Puertos del Estado, para ver como resolver esta papeleta que a nivel técnico y a nivel de la Dirección General de Patrimonio ha encontrado con una rotunda negativa y una aplicación estricta de la equidad en los beneficios concesionales de las concesiones públicas.
El argumento de la DGP es que incluso para inversiones como las de Hutchison recientes y a 35 años, la crisis de 5 años no puede pesar tanto como para dar ese beneficio concesional. Y que es prematuro conceder unos beneficios concesionales cuando la crisis parece estar llegando a su fin.
Otros técnicos de puertos dicen que la crisis es una cosa pero que el cambio tecnológico también provoca iguales terremotos en los costes y que igualmente los concesionarios no automatizados podrían argumentar el cambio tecnológico para que les aliviasen sus cuentas. Un lío en fin
Hay molestia por no decir vivo cabreo con Hacienda, que ya se puso dura con el convenio a través de la Cecir, y ha llamado la atención a Puertos del Estado por el manejo de su abundante tesorería. Hacienda no esconde su discrepancia en todas estas áreas. Ya bastante tiene con las peticiones de rescatar autopistas gratis y las propuestas de privatizaciones como la de Aena. El choque con Pastor es un hecho que solo se resolverá en consejo de ministros.
LA LEY ACTUAL.
El Texto Refundido de la Ley de PEMM contempla en su artículo 82.2c la posibilidad de ampliación del plazo concesional más allá de los 35 años en concesiones que no lo tuvieran previsto en el título habilitante, con informe vinculante de Puertos del Estado, siempre que se realice una inversión RELEVANTE, superior al 20% del valor actualizado de la inversión inicial y que suponga una mejora (no cuantificada) en la eficiencia o calidad ambiental de las operaciones. También condiciona la ampliación a que haya transcurrido al menos la tercera parte del plazo de vigencia de la concesión y que todas las posibles prórrogas sumadas sean inferiores al 50% del plazo inicial (35+50%*35=52,5 años como máximo).
La prórroga por encima de los 35 años se aplica excepcionalmente en concesiones de interés estratégico o relevante para el puerto y la inversión nueva debe suponer una mejora de la eficacia global del servicio prestado.
Al vencimiento del plazo inicial las obras e instalaciones originales revierten y se modifica la tasa de ocupación.
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